José Luis Elizondo T.
La inusual e intrigante renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, carece de toda lógica jurídica, no sólo porque se presume que será el encargado de estructurar el proyecto de renovación de la propia Corte que él presidió, para que jueces magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, sino porque el artículo 98 de la Constitución Política de México señala claramente que las renuncias de los ministros sólo procederán por causas graves, y no sabemos que tan grave sea la causa del Ministro Zaldívar de dejar su cargo para ir a MORENA.
Obviamente el Presidente ya aceptó la renuncia y la turnó al Senado, donde la aprobaron de inmediato. Pero lo más grave de esta renuncia es la terna que propuso el Presidente López Obrador para sustituir a Zaldívar.
Se trata de tres mujeres, que en principio, que bueno que sean mujeres porque se necesita también de la inteligencia femenina en la resolución de los casos judiciales que llegan a cada una de las salas y a la sala superior del Poder Judicial. Lo malo, es la relación estrecha con el titular del Poder Ejecutivo de las tres propuestas, y el conflicto de interés que tendrá que evaluar el Senado en cada uno de los casos.
Advierto de antemano que no juzgo la capacidad jurídica de las personas propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia, sino la relación personal con el Presidente, quien siempre ha pretendido tener un control férreo sobre el máximo tribunal, lo que no ha logrado aún.
Empecemos por Bertha Alcalde Luján, hermana de la actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, e hija de un destacado abogado laboralista, Arturo Alcalde y de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.
El detalle está en que Bertha Alcalde integraría una sala que resuelve asuntos laborales, los que casualmente litiga su padre en toda la república, de lo que se deriva un innegable conflicto de intereses.
Otra integrante de la terna es María Estela Ríos, quien actualmente es la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República. Es una distinguida jurista que no puede ser ministra, porque la Consejería Jurídica de la Presidencia se equipara a una Secretaría de Estado, con lo que violentaría el artículo 95 de la Constitución Política de México, además de caer en conflicto de intereses, cuando tenga que resolver asuntos contra el Ejecutivo Federal, a quien ella representó como Consejera Jurídica.
Finalmente completa la terna Lenia Batres, hermana del actual Gobernador de la Ciudad de México Martí Batres, labora también en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República como Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, por lo que también está legalmente impedida para ocupar el cargo de ministra.
¿Qué sigue? Si el Senado nombra a una de ellas propiciará una ilegalidad; en el caso de rechazarla, el Presidente podrá enviar una segunda terna y, en el supuesto caso de que no se aceptara, la Constitución le otorga el poder de nombrar a cualquier persona de esa terna para ocupar la vacante que deja Zaldívar.
Hay otro escenario peor; si el Senado se tarda más de 30 días en resolver sobre esta primera terna, el Presidente podrá designar a quien le plazca, como lo establece el artículo 96 del texto constitucional.
No nos desesperemos. Pronto sabremos el final de esta novela política.
LA MIGRACIÓN EN NUEVO LEÓN
José Luis Elizondo T.
10-nov-
Nuevo León siempre ha sido reconocido como un estado de tránsito para migrantes. Sin embargo, en los últimos años, ha experimentado una transformación al convertirse en un destino final, principalmente debido al incremento de medidas adoptadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos para contener el flujo de personas indocumentadas hacia ese país. Es importante mencionar que este flujo migratorio tiene su origen en la migración de los primeros colonos ingleses y europeos que se establecieron en la costa este
Ahora, cada vez son más frecuentes la llegada de oleadas de personas de otros países por nuestro territorio. Hondureños, haitianos, salvadoreños y venezolanos, por mencionar algunas nacionalidades, deambulan en las plazas, calles y avenidas de la zona metropolitana, porque que las casas de atención migrantes que administran tres respetables sacerdotes católicos, se ven constantemente rebasadas en cuanto a la capacidad instalada.
En esas casas los migrantes encuentran, además de una cama y comida, paz, tranquilidad, seguridad y desde luego, asesoría legal y psicológica, ya que dejar sus tierras, a veces su familia y hasta sus costumbres no es nada fácil, pero prefieren afrontar el cansancio, las extorsiones, la inseguridad, las injusticias, el hambre y lamentablemente en ocasiones hasta la muerte que seguir viviendo en un país que no les ofrece nada.
Hace años la migración era básicamente de hombres, quienes buscaban llegar a Estados Unidos para trabajar y mandar los dólares a sus familias que se mantenían en sus lugares de origen. Hoy migran familias enteras, muchas mujeres y niños que son más vulnerables por su condición de mujer e infante.
Conocí el testimonio de una mujer venezolana que está albergada en Casa Nicolás. Salió con su hijo pequeño en busca del sueño americano. Cruzó a salvo la selva del Darién que se ubica entre Colombia y Panamá, una de las más peligrosas del mundo; no solo por las bestias salvajes o el calor extenuante, sino porque está llena de narcotraficantes y grupos criminales que abusan de la población migrante.
Dijo que en el trayecto por Centroamérica no sufrió incidentes difíciles, pero su pesadilla empezó cuando llegó a nuestro país. Los traficantes de personas y agentes de migración le robaron varias veces su dinero. En varias ocasiones la bajaban de los autobuses que tomaba para llegar a la frontera norte y la regresaban al sur. Una vez que alcanzó a llegar a uno de los estados fronterizos, pero la regresaron a Tabasco, ahí pasó hambre y tuvo que pedir limosna para sobrevivir. Por fin llegó a Monterrey y por lo pronto entró una institución solidaria con los migrantes como es el caso de la Casa Nicolás. Consiguió un empleo aquí, pero asegura que seguirá intentando cruzar a los Estados Unidos.
Es una lástima que miles de personas tengan que sufrir tanto abuso para buscar una mejor calidad de vida; pero es más lastimoso que las autoridades estatales, salvo algunas excepciones, no se aboquen a proteger los derechos fundamentales de todo ser humano.
En Nuevo León, desde hace varios años, se ha intentado que el Congreso del estado apruebe una ley que proporcione un nivel básico de protección a personas migrantes. Otros estados ya han establecido sus respectivas leyes, como en los casos de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México.
Actualmente, en el Congreso estatal, hay una iniciativa que ya ha sido dictaminada por la Comisión de Desarrollo Social para ser presentada ante el pleno y ser considerada para su aprobación. Esta propuesta fue consensuada con las áreas jurídicas de las casas migrantes y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con sede en la ciudad de Monterrey.
Solo hace falta un poco de voluntad política, solidaridad y un sentido humanitario por parte de los legisladores, para establecer un marco jurídico que brinde un nivel básico de protección a aquellos que cruzan nuestro territorio y han experimentado inmensas dificultades durante su larga y peligrosa travesía.
Ojalá se apruebe antes de que termine esta legislatura.
